Es la primera vez que Estados Unidos reconoce en sus cortes a víctimas del conflicto colombiano. La mujer y las hijas del activista Julio Henríquez quieren que su testimonio contra Hernán Giraldo sirva para exponer la "impunidad" de la que se han beneficiado los paramilitares extraditados a EEUU.

Les ha costado ocho años ser reconocidas como víctimas en el caso de Hernán Giraldo, uno de los 14 exjefes paramilitares de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en una noche de mayo de 2008 le montaron en un avión rumbo a Estados Unidos por orden del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010).

Este viernes, Giraldo será el último de los antiguos exjefes de las AUC en ser condenado en una corte de Washington. Por primera vez, a la hora de dictar sentencia, un juez valorará la relación entre el delito de narcotráfico, por el que es juzgado en EEUU, y los otros crímenes que Giraldo cometió cuando se le conocía como "el Patrón".

"Vi a Hernán Giraldo por primera vez en 1992, cuando yo empezaba a ser profesora rural en una vereda de Santa Marta, en un pueblecito cerca del mar", cuenta a Efe en una entrevista en Washington Nadiezdha Natazha Henríquez Chacin, la hija mayor de Henríquez y ahora una activista de derechos humanos.

Según narra Nadiezdha, Hernán Giraldo se reunió con todos los profesores nuevos, igual que hizo con los indígenas o los pescadores, para reafirmar su autoridad y decir: "Aquí el que manda soy yo, ustedes hacen lo que yo digo, tanto el Ejército como los políticos saben que yo estoy aquí y saben que yo mando".

Giraldo ejercía su poder en la Costa Caribe: traficaba con droga y llegó a ser conocido como "el Taladro" por sus continuos abusos sexuales contra menores de edad.

Su víctima emblemática es, sin embargo, Julio Henríquez, un ecologista que había estado organizando a los agricultores de la zona de control de Giraldo para que sustituyeran los cultivos de coca por los de cacao y desapareció a manos de los paramilitares el 4 de febrero de 2001.

En el momento de la desaparición de su padre, Bela Juliana Henríquez Chacín, la menor de las hermanas, tenía 17 años y su familia intentó alejarla del dolor pidiéndole que se centrara en los estudios.

"Mi padre sería una persona que en este momento estaría construyendo la paz y, en esas ausencias, veo las implicaciones de la guerra", cuenta Bela Juliana.

La viuda del ecologista, Zulma Natacha Chacin de Henríquez, y su hija mayor, Nadiezdha, acudieron en 2007 a la exhumación de los restos de su padre en una fosa común.

Dos años después, en 2009, Hernán Giraldo fue condenado en Colombia a 38 años de cárcel por la desaparición forzada de Henríquez, quien había abogado por acabar con los cultivos de coca para evitar la deforestación del parque Tayrona y atacó así la fuente de ingresos de su victimario.

Hernán Giraldo no ha cumplido aún esa condena en Colombia porque desde hace casi nueve años está en una cárcel de Estados Unidos a la espera de juicio.

Por cobrar "impuestos de guerra" a los que cultivaban cocaína, la Fiscalía de EEUU pide para Hernán Giraldo una pena de 20 años de cárcel, de la que le quedarán por cumplir unos diez.

"Lo que está diciendo la Fiscalía es que era un simple cobrador de impuestos de narcotráfico y no el mayor narcotraficante de la costa del Caribe. Es falso y, además de falso, es contrario a cualquier posibilidad de superar una situación de guerra, de crisis y de muerte", opinó Nadiezdha.

Por su parte, la defensa del paramilitar va más lejos y pide 12 años de cárcel con crédito por el tiempo servido y asegura que Hernán Giraldo era un "patriota" que cobró los impuestos de la droga con el único fin de proteger a los campesinos de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esa petición de pena se encuentra, según la Fiscalía y la defensa, en línea con las que han recibido otros líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", condenados a 15 años y 10 meses de cárcel y 16 años y medio respectivamente.

Estas condenas son mucho menores a lo que recibiría en EEUU, por ejemplo, un pequeño traficante de marihuana, sujeto a una ley de sentencias mínimas que establece penas de hasta 20 años de cárcel.

Para la familia, el problema de las penas de los paramilitares es que mantienen "la impunidad" de los delitos cometidos en Colombia y "evitan que se conozca la verdad", pues a los acusados no se les juzga por sus vínculos con políticos colombianos, un escándalo conocido como "parapolítica" y que estalló en 2006.

"Estamos al borde de la impunidad y de perpetuarla porque el mensaje que se queda es que tú puedes ser paramilitar, tú puedes masacrar, tú puedes matar, traficar droga y no pasa nada", dice Bela Juliana, la hija menor.

"No pasa nada", repite.

"Es eso, no pasa nada", insiste la mayor, Nadiezdha.

EFE